13 de Diciembre de 2025 / Ciudad de México.— No se trata de una cacería nueva, sino de un candado legal que finalmente se abrió. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes que la reciente reaprehensión del exgobernador de Chihuahua, César “N”, obedece a un procedimiento que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía en espera y que solo pudo ejecutarse tras recibir el aval del gobierno de Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que, tras la extradición del exfuncionario en 2022, este quedó blindado por condiciones legales que impedían juzgarlo por delitos distintos a los de la solicitud original. Sin embargo, ese obstáculo cayó la semana pasada.
El documento clave: 4 de diciembre de 2025
Sheinbaum reveló que fue apenas este 4 de diciembre cuando el Departamento de Estado de los EE.UU. emitió la autorización formal para procesar al exmandatario por delitos adicionales.
“No es una acción nueva... al haber sido una extradición, él quedó sujeto a condiciones específicas establecidas por ese país, las cuales recientemente fueron resueltas”, precisó la Presidenta, confirmando que esto dio vía libre a la FGR para actuar.
Operativo Altiplano: Ejecutan orden de 2024
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó el traslado de César “N” al penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
El funcionario detalló que la orden de aprehensión cumplimentada data de mayo de 2024, pero había permanecido en pausa por el tema diplomático. Harfuch subrayó que el operativo se realizó bajo estrictos protocolos federales y sin contratiempos, descartando cualquier conflicto bilateral, pues se actuó “bajo los lineamientos autorizados por Estados Unidos”.
¿De qué se le acusa ahora?
La situación jurídica de César “N” se complica. Mientras que su extradición original fue por peculado y asociación delictuosa, la Fiscalía General de la República detalló que este nuevo proceso apunta a un delito de mayor calado: Lavado de Dinero.
La investigación señala un esquema complejo mediante el cual se habrían desviado recursos públicos del gobierno estatal a través del sistema financiero, cargos que ahora podrán ser imputados formalmente gracias a la ampliación del convenio de extradición.


