POR SALVADOR COSIO GAONA
EXCESOS DE LA PATRULLA FRONTERIZA
Los equipos conocidos como Critical Incident Teams —ahora presuntamente desaparecidos— fueron uno de los factores clave en el encubrimiento de la responsabilidad de agentes de la Patrulla Fronteriza en casos de abuso de la fuerza, como el asesinato del migrante Anastasio Hernández a manos de ese cuerpo policial, sostiene Jenn Budd, exagente del organismo y una de las fuentes en el caso.
El caso de Hernández es el primero relacionado con abuso de la fuerza de elementos de la Patrulla Fronteriza en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de 12 años de búsqueda de justicia por parte de su familia. Anastasio fue detenido y agredido por agentes de esa institución cuando regresaba a su lugar de residencia en San Diego, EU, el 28 de mayo de 2010.
Budd —que, luego de escribir un libro sobre su experiencia en la Patrulla Fronteriza, se convirtió en activista por las personas migrantes— explica que, más que desaparecer, mediante un movimiento burocrático quienes pertenecían a los Critical Incident Teams fueron separados de la Patrulla Fronteriza para ser incorporados a la plantilla laboral de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lo que solo los legitima, lejos de que se reconozcan las consecuencias de su labor de encubrimiento.
En entrevista, la exagente recuerda que los Critical Incident Teams no surgieron de la Casa Blanca, sino en San Diego, por parte del jefe de ese sector específico de la Patrulla Fronteriza. Él comenzó a hacer estas tareas secretamente en 1987, y los llamó Critical Incident Teams para supuestamente responder a asuntos de uso de la fuerza. Así, comenzaron a intervenir cada vez que se registraba algún incidente.
Para Budd, en su país el “sistema de justicia” para los migrantes no es el mismo que para todo lo demás. Por eso, la conciencia de que los agentes de la Patrulla Fronteriza no conocen a fondo la Constitución o los criterios de derechos humanos en EU ha derivado en evitar que agencias externas investiguen los posibles crímenes tras una situación de uso de la fuerza; en cambio, se ha procurado que el organismo lo haga internamente para evitar meterse en problemas.
Lo que el jefe en San Diego pensó fue que si creaba un equipo que excluyera a cualquier ente externo, diciendo que se trataba de una unidad para facilitar a otras instancias la comunicación con los agentes y el acceso a evidencia, lo que realmente sucedería es que ellos serían los primeros en la escena, decidirían qué era prueba y qué no, y le darían la materia prima a los organismos encargados de investigar.
“Así fue como empezaron a decidir qué evidencia se guardaba y cuál no, e incluso en casos como el de José Antonio Elena en Nogales, en el que los agentes dispararon desde Estados Unidos hacia México, ellos encaminaron a la policía estatal mexicana en Sonora sobre cómo querían que hicieran la investigación; así la controlaban. En cualquier cuerpo que investiga crímenes violentos en Estados Unidos, se sabe que los casos se sostienen en la adecuada recolección y clasificación de la evidencia. En el caso de José Antonio, tenían mucha evidencia contra el agente, pero se las ingeniaron para reunirla de manera incorrecta según la ley estadounidense en la materia, para que el jurado no pudiera llegar a una decisión unánime”, explica Budd.
José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, fue asesinado el 10 de octubre de 2012, después de presuntamente aventar piedras de México a EU sobre la división fronteriza de Arizona. Los agentes de la CBP le dispararon 10 veces por la espalda. Lonnie Ray Swartz, quien lo mató, fue acusado por asesinato en segundo grado, pero más tarde, encontrado no culpable y absuelto. Pese a sus alegatos, testigos declararon que el joven solo caminaba por la calle.
La imputación del agente fue la primera en la historia de EU por un tiroteo en la frontera. Aunque un juez de distrito en Tucson determinó que, a pesar de que José Antonio estaba en territorio mexicano, tenía derecho a la protección de la Cuarta Enmienda, en 2020 la Suprema Corte regresó el caso a una corte de apelación en California, con base en una determinación previa sobre la imposibilidad de las víctimas mexicanas de denunciar en cortes estadounidenses.
Secrecía y reconocimiento de la verdad
La Patrulla Fronteriza anunció en mayo pasado que eliminaría los Critical Incident Teams, tras el conocimiento del Congreso estadounidense sobre su existencia y las críticas que recibieron por su secrecía en los incidentes con personas muertas o heridas que involucraban a agentes. La propia corporación definía a esos equipos como aquellos que conducían investigaciones para “mitigación de responsabilidad civil”.
Budd apunta que no solo el Congreso desconocía su existencia, sino que incluso agentes que estuvieron durante años en la Patrulla Fronteriza no conocían a esos equipos. Dependiendo de la posición que ocuparan, podían ver y entender cómo funcionaban. “Honestamente, cuando yo era una agente, entendía lo que era, pero nunca se me habría ocurrido lo que pasó en el caso de Anastasio”, confiesa.
“Más de 12 agentes estaban alrededor de él, golpeándolo hasta la muerte; nunca había visto algo así. Había cuatro supervisores ahí, nadie les dijo que pararan de golpearlo, y después grabaron todo el hecho y lo encubrieron totalmente. Pero su actitud siempre, incluso en la audiencia, es: ‘¿Y qué?, ¿qué quieren que hagamos? Le dimos dinero a la familia’. Esa es la actitud: ‘Si hicimos algo mal, te pagamos y seguimos adelante’”, lamenta Budd.
Subraya que la administración de Joe Biden tiene la oportunidad de buscar la verdad y la reconciliación, y eso quizá no signifique deshacerse de la Patrulla Fronteriza, pero podría empezar con un reconocimiento de lo que ese cuerpo policiaco empezó a hacer desde los 80, que fueron acciones ilegales, y que es necesario decir la verdad y presentar todos los archivos admitiendo “esto es lo que hicieron”.
*Con información de Animal Político
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