A partir del 1 de septiembre, los usuarios de tarjetas de crédito en México verán cambios significativos en la regulación financiera con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tarjetas de Crédito. Esta ley, que fue aprobada el pasado 15 de febrero de 2024 tras una maratónica sesión de más de 10 horas en el Congreso, busca poner fin a diversas prácticas abusivas de los bancos, incluyendo el controversial cobro de intereses sobre intereses.
Con el Decreto 2-2024, los tarjetahabientes tendrán acceso a información completa y transparente sobre los bienes y servicios ofrecidos por los emisores de tarjetas de crédito. Esto incluye detalles técnicos, condiciones, cargos aplicables y el costo total del uso de la tarjeta, asegurando que los usuarios puedan tomar decisiones informadas.
Creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros
El Ministerio de Economía (MEM) ha respondido a esta nueva legislación con la creación de la Unidad de Protección de Servicios Financieros (UPSF), un organismo destinado a brindar orientación a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones en relación con sus tarjetas de crédito.
En un comunicado oficial, el MEM afirmó: «La entrada en vigor de la Ley de Tarjetas de Crédito marca el inicio de las operaciones de la UPSF, la cual orientará a los usuarios sobre sus derechos, obligaciones y los procedimientos para la resolución de conflictos.»
Aspectos clave de la nueva legislación
Entre las disposiciones más importantes de esta ley, destaca la prohibición de la capitalización de intereses. Esto significa que los bancos ya no podrán calcular intereses sobre comisiones o recargos, una práctica que había generado muchas quejas entre los usuarios. Además, la ley establece que los convenios de pago serán obligatorios, proporcionando un alivio adicional a los tarjetahabientes.
Otro aspecto relevante es que el artículo 23 de la ley establece que el seguro de las tarjetas de crédito será opcional, y no obligatorio, como lo era anteriormente.
La Ley de Tarjetas de Crédito también regula en detalle el contrato entre el emisor y el tarjetahabiente, abarcando 19 cláusulas que tratan temas como el límite de crédito, el plazo del contrato, las tasas de interés, las comisiones, los derechos y obligaciones de ambas partes, la fecha límite de pago y el pago mínimo, entre otros aspectos esenciales.
Además, antes de conceder o modificar una línea de crédito, el emisor deberá verificar la capacidad de pago del solicitante, asegurando que las líneas de crédito se otorgan de manera responsable y en función de la capacidad financiera del usuario.
