Ciudad de México 14 de Junio de 2025.– En la conferencia matutina de este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordó el tema de la regularización de viviendas ocupadas de forma irregular, aclarando que no se permitirá la legalización de ninguna ocupación si existe una denuncia formal de por medio.
El tema fue puesto sobre la mesa luego del anuncio realizado un día antes por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quien planteó una nueva política de arrendamiento con opción a compra para aquellas personas que actualmente habitan viviendas que fueron abandonadas por sus propietarios originales, y que no son derechohabientes del instituto.
“El objetivo es brindar una solución legal y humanitaria para quienes viven en casas deshabitadas, muchas veces en condiciones precarias, sin generar desalojos forzosos”, explicó Romero. Añadió que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se está diseñando un mecanismo que permitiría a estas personas regularizar su situación mediante un esquema de arrendamiento con opción a compra.
Segob pone límites: la propiedad privada es un derecho constitucional
Durante la mañanera, Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada sobre el riesgo de que esta medida pudiera incentivar la invasión de inmuebles, lo que constituye un delito tipificado como despojo. En respuesta, la titular de la Segob aclaró que ninguna política pública podrá estar por encima de una denuncia legalmente presentada.
“Si existe una carpeta de investigación abierta por despojo, ninguna autoridad puede actuar como si no existiera. El derecho a la propiedad privada está protegido constitucionalmente, y no se puede ignorar”, subrayó.
Rodríguez también señaló que, en muchos casos, las personas que ocupan viviendas abandonadas han sido engañadas por terceros que les ofrecen falsamente una propiedad, lo que hace necesario actuar con sensibilidad y enfoque conciliatorio.
“En el gabinete de seguridad hemos revisado esta situación. Reiteramos que en todos los casos en los que no exista denuncia formal, se buscará una salida legal a través del diálogo y la conciliación. Pero cuando haya una denuncia seria, se deberá respetar y seguir el curso legal correspondiente”, puntualizó.
Una política de no violencia y conciliación, pero sin impunidad
La funcionaria insistió en que el enfoque del gobierno federal es evitar los desalojos violentos y fomentar soluciones negociadas, siempre dentro del marco de la ley.
“No se trata de premiar a quienes invaden, sino de ofrecer una salida legal a personas que han vivido durante años en viviendas abandonadas, en muchos casos sin saber que estaban cometiendo una irregularidad”, explicó Rodríguez.
La secretaria también reiteró que el Infonavit no tiene como objetivo desalojar familias, sino buscar acuerdos que permitan recuperar viviendas abandonadas y reactivarlas con fines sociales, sin afectar los derechos de propietarios legítimos.
¿Qué sigue?
La Secretaría de Gobernación y el Infonavit trabajan ya en el diseño normativo de esta política, que incluirá filtros claros para evitar abusos, como:
- Verificación de abandono de la vivienda.
- Comprobación de la no existencia de denuncias formales.
- Estudios socioeconómicos de los ocupantes.
- Diálogo con los propietarios originales, cuando sea posible.
El gobierno busca así equilibrar el derecho a la propiedad privada con el derecho a una vivienda digna, en un contexto donde miles de casas financiadas por el Infonavit han quedado abandonadas o invadidas por falta de seguimiento legal y social.
Rodríguez cerró su intervención asegurando que esta política se implementará con cuidado y apego a los derechos humanos, y no como vía para la legalización de actos ilícitos.
