16 de Diciembre de 2025 / Ciudad de México.— Tras una maratónica sesión de casi nueve horas marcada por insultos y divisiones internas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Sin embargo, la prohibición llega con un matiz clave: gracias a una reserva de última hora, no habrá sanciones para los ciudadanos que posean o consuman estos dispositivos de forma personal.
La votación: Morena se impone, pero con fracturas
La reforma pasó con 292 votos a favor, impulsada mayoritariamente por la bancada de Morena. No obstante, el bloque oficialista no fue monolítico: 30 diputados del PT y uno del PVEM rompieron filas para votar en contra, sumándose a los 163 votos de rechazo emitidos por la oposición (PAN, PRI y MC).
El objetivo: «Desmantelar el mercado, no al usuario»
La modificación clave se centró en el articulado que define y penaliza los dispositivos que calientan o vaporizan sustancias nocivas. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, aclaró que la intención es golpear las finanzas de la industria, no criminalizar al individuo.
“Vamos a modificar el artículo para que no existan efectos sancionadores a los usuarios. El verdadero objetivo no es castigar el consumo personal; es desmantelar el mercado que produce, distribuye y obtiene ganancias millonarias en detrimento de la salud de los jóvenes”, afirmó Monreal.La polémica: ¿Un regalo para el mercado negro?
La oposición criticó duramente la medida, argumentando que el prohibicionismo sin regulación solo transfiere el negocio a manos del crimen organizado.
Irais Reyes (MC) lanzó una dura advertencia: “Al menos siete cárteles mexicanos ya tienen el mercado ilegal de vapeadores. Con esta reserva, se les aumenta su regalo de Navidad, porque amplían el catálogo de sustancias prohibidas que ahora comercializará el narco”.
Por su parte, Carlos Gutiérrez (PRI) acusó a la mayoría de legislar «sobre las rodillas»: “Ya reconocieron que criminalizan a la juventud. Esto es tratar de someter a los jóvenes a un control político disfrazado de moral barata”, sentenció.
La minuta ahora pasará al siguiente paso legislativo, mientras el debate sobre la efectividad de la prohibición frente a la regulación continúa abierto.
